El programa acelera la salida de la pobreza de los jóvenes al conectarlos con los puestos de trabajo formal.
En los planes de desarrollo, como en la poesía, lo más importante casi siempre es lo que no se dice.
Luego de revisar las secciones sobre transferencias monetarias para la población pobre en el proyecto de ley y en el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, potencia mundial de la vida, me surgió la pregunta que decidí usar como título de esta columna.
Vamos a los detalles, porque el diablo descansa allí:
Primero, el Artículo 51 del proyecto de ley se propone crear un Sistema de Transferencias del gobierno nacional. Este sistema sería dirigido por de Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y estaría integrado por un canal de transferencias monetarias (que incluirían condicionadas y no condicionadas) y otro de transferencias en especie.
Segundo, el Artículo 52 le apunta a crear el programa de Renta Ciudadana, “el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del DPS”.
Ambos artículos son útiles y, por qué no decirlo, siguen juiciosamente la línea conceptual del plan de desarrollo del gobierno anterior, que se propuso avanzar hacia una plataforma unificada de transferencias, y que también ha sido el camino recorrido por Bogotá con su ejemplar Ingreso Mínimo Garantizado.
Pero ahora revisemos un momento “lo que no se dice”. El documento de las bases (pág. 55) anticipa así el diseño de la Renta Ciudadana: “El monto de la transferencia tendrá un componente condicionado (para los hogares que cuenten con niños, niñas y adolescentes dependerá de la asistencia escolar y del acceso periódico a los centros de salud), y de otro no condicionado”. El texto sugiere que el componente condicionado sería el de Familias en Acción, que es el programa que hoy va dirigido a los hogares con niños, niñas y adolescentes y que es condicionado a asistencia escolar y a controles de talla y peso en centros de salud, pero deja por fuera a Jóvenes en Acción, que va dirigido a jóvenes de entre 14 y 28 años en situación de pobreza y que es condicionado a cursos de formación técnica, tecnológica y profesional. Este programa, cuya modalidad vigente se creó en Santos I, fue evaluado en 2016 por la firma Econometría, quien encontró impactos positivos relevantes en logro educativo, proyectos de vida, pasantía y en -ojo a esto- acceso efectivo a empleo formal. Además, alcanzó una escala única en este tipo de programas en América Latina: más de un millón de jóvenes atendidos en toda su historia.
Jóvenes en Acción puede seguir mejorando, claro que sí, pero cuenta hoy con un logro demostrado por el que lo deberíamos considerar punta de lanza de nuestra política social: el de acelerar la salida de la pobreza de los jóvenes al conectarlos con los puestos de trabajo formal. ¿Por qué se excluye este programa de la Renta Ciudadana? ¿Van a acabar Jóvenes en Acción, señor presidente?
Roberto Angulo
Socio fundador de Inclusión SAS.
rangulo@inclusionsas.com
