La semana pasada le escuché esta frase a una joven de Puerto Resistencia en Cali: “Es preferible comer arroz con huevo 20 días que 20 años comiendo miércoles”. Aunque la protesta del Paro Nacional es un crisol de frustraciones e intereses, esta frase expresa la situación de muchos jóvenes de Colombia: la de vivir una vida en medio de la pobreza, el tedio y la desesperanza.
Con esta columna quiero contribuir a buscar caminos posibles para los jóvenes como ella.
La propuesta consiste en rediseñar la versión actual del programa Jóvenes en Acción, triplicar su cobertura de 400 mil a 1,2 millones de jóvenes y sostener este volumen hasta mínimo el 2023.
El punto de partida es Jóvenes en Acción, un programa del gobierno nacional que acompaña a los jóvenes en su formación técnica, tecnológica o profesional a través de una transferencia condicionada a asistencia y desempeño. El programa busca mejorar capacidades y estimular movilidad social en los jóvenes pobres y vulnerables, complementando con módulos para fortalecer su proyecto de vida.
Jóvenes en Acción fue evaluado en 2016 por la firma Econometría, la cual encontró impactos positivos en permanencia en educación, planificación en proyectos de vida, probabilidad de conseguir práctica y acceso a empleo formal.
Actualmente el programa tiene 424.000 beneficiarios, de los cuales 307.000 cursan educación superior y 117.000 están en el Sena.
Para llegar a 1.2 millones de beneficiarios el programa podría ampliar sus canales de educación superior y Sena y, además, incluir a los jóvenes que decidan:
-Hacer formación laboral en instituciones privadas.
-Cursar educación técnica y tecnológica privada o pública.
-Hacer módulos de habilidades blandas ofrecidos por instituciones certificadas
La focalización se haría con Sisbén y el rango de edad se ampliaría de 28 a 30 años.
El DPS centralizaría los pagos de transferencias. Y lo más importante, el gobierno nacional pondría sobre la mesa 800 mil nuevos cupos y los gobiernos locales podrían aplicar a ellos concursando con una propuesta que articule y certifique la oferta en educación y formación. Es decir, los municipios competirían por cupos.
El valor de la transferencia anual estaría alrededor de los 2,4 millones de pesos, diferencial por ciudad y más alto en mujeres. El costo adicional del escalamiento estaría alrededor de 2 billones de pesos por año. Un hogar con este programa no podría estar en Ingreso Solidario, por tanto, estos recursos no serían adicionales a la renta básica sino parte de ella.
El programa, en contraposición al repelente “nini”, podría llamarse #SíEstudioSíFuturo.
Roberto Angulo
Socio fundador de Inclusión SAS.
rangulo@inclusionsas.com
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