Ya suena a una frase medio trillada, pero lo cierto es que la pandemia no solo dejó problemas, sino que también representó oportunidades. Una de esas fue la masificación de las transferencias monetarias en Colombia, que es esa plata que le gira el Estado a ciertas personas y que ayudó a enfrentar el cierre de la economía por el Covid-19.
Las cifras hablan por sí solas: cuando el programa de Familias en Acción arrancó en 2001, contaba con un solo operador bancario. Diez años después se logró involucrar un nuevo operador que realizaba pagos a través de un medio innovador para la época, los monederos digitales. En 2020, con los cambios que aceleró la pandemia, ya había 22 entidades financieras ayudando a realizar estos giros. Además, con el programa Ingreso Solidario se incluyó a casi 1 millón de personas al sistema financiero que ni siquiera contaban con una cuenta bancaria.
Este tipo de transferencias pueden ser de varias clases, dependiendo de si van para todo el mundo, para una población específica o si tienen alguna condición que cumplir. En Colombia, existen programas como Ingreso Solidario, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o Familias en Acción, que son buenos ejemplos de una transferencia condicionada pues se entrega un incentivo económico a cambio de cumplir condiciones como que los niños sigan yendo al colegio.
Ahora, tras la masificación de estos programas se empiezan a escuchar voces que piden dar un paso más allá en la forma en la que funcionan. Se pueden plantear tres opciones con la llegada del nuevo gobierno: dejar todo como está o unificar todas las transferencias en una sola y ponerle un nombre y apellido, como renta básica, sin ningún tipo de diferenciación.
La tercera opción podría abrir la posibilidad de integrar las bases de datos de estos programas, lo que permitiría identificar si hay personas que no están recibiendo sus beneficios. Además, se podría tener una sola plataforma, que permita la entrada de muchos operadores bancarios que cobren menos, y plantear que cada hogar tenga una mezcla de transferencias que sean condicionadas y no condicionadas. Por ejemplo, si en la casa hay niños, el hogar podría clasificar en Familias en Acción y tener una plata extra que le entre, según su nivel de pobreza, tal como sucedió con Ingreso Solidario. La idea es plantear un cambio pero sin hacer un borrón y cuenta nueva.
Roberto Angulo y Francisco Espinosa, socios fundadores de Inclusión, y el equipo de Economía para la Pipol conversan en el séptimo episodio del podcast Ideas para la Inclusión sobre lo que se viene en materia de gasto social en el nuevo gobierno y el futuro de las transferencias monetarias. También contamos con la participación de Olga Lucía Acosta, hoy codirectora del Banco de la República, y de Margarita Henao, CEO de Daviplata.
