“La idea de ‘Pagar por no matar’ lesiona la política social, omite las virtudes de la acción humana, introduce desigualdades injustas”.
La frase que dijo el presidente Petro la semana pasada en Buenaventura fue la siguiente: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar en la violencia, por estudiar; les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena y para entrar a la universidad”. La afirmación es problemática por tres razones.
La primera es que sugiere un razonamiento que en la filosofía moral se denomina consecuencialismo estrecho, es decir, es el argumento que pondera las acciones humanas únicamente por sus consecuencias, y excluye los procesos sociales involucrados en conseguirlas; entre ellos el ejercicio del deber y las responsabilidades individuales. El economista Amartya Sen les llama a estos procesos efectos comprehensivos, y señala que son cruciales para hacer una evaluación ética de nuestros actos (incluso si el foco son las consecuencias). “Por ejemplo -dice Sen- un arresto arbitrario es más que la captura y detención de alguien, es un arresto arbitrario”. Del mismo modo, podríamos decir que no es lo mismo una comunidad que no se mata porque el Estado les paga por eso, a una que llega a idéntico resultado porque cuenta con oportunidades y porque sus miembros, en ejercicio pleno de su responsabilidad, deciden respetar la vida.
No es lo mismo una política pública atajista que compra un fin social, a una que incide en los procesos para conseguirlo, como por ejemplo aumentando el conjunto de oportunidades sociales y respetando la libre agencia de las personas para tomarlas.
La segunda razón por la que esta idea de “pagar por no matar” es problemática, es porque introduce una desigualdad injusta en contra de los jóvenes que, teniendo una condición similar a la de los miembros de los ‘Espartanos’ o los ‘Shottas’ en cuanto a barreras de acceso a oportunidades, optan por no entrar a estos grupos. “Los jóvenes se preguntan cómo es que el Gobierno va a motivar a los jóvenes de las bandas delincuenciales con plata y universidad, mientras que los que no matamos, ni extorsionamos, no tenemos nada”, le dijo a Caracol Radio el personero de Buenaventura.
La tercera razón es técnica. Si los criterios de focalización de beneficiarios de un programa social se diseñan y comunican mal, pueden conllevar a enormes costos económicos y sociales. Uno de estos costos es la ‘distorsión de los incentivos’, beneficiar al que delinque puede alterar el comportamiento de los que no lo hacen, estimulando de esta forma lo que se quiere prevenir.
La política social encuentra su motivación en sentimientos morales que luego decantamos en acuerdos sociales, existe porque nos ponemos en el lugar del otro y porque como sociedad perseguimos alguna forma de justicia distributiva, y su funcionamiento será eficiente o no dependiendo del rigor técnico con el que se construya. La idea de “Pagar por no matar” lesiona la política social porque omite las virtudes de la acción humana, introduce desigualdades injustas y es ineficiente.
ROBERTO ANGULO
Socio fundador de Inclusión SAS
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