Observar con cuidado los cambios podría inspirar soluciones de política social más innovadoras y potentes que un obsoleto llamado al estatismo.
La pulsión de varios políticos, expertos y líderes de opinión en Colombia ante el aumento de la pobreza después del azote de la pandemia ha sido con frecuencia la de proponer más servicios sociales estatales.
Si la crisis social nos reveló que el cambio social reciente había sido una suerte de equilibrismo de millones de hogares que ascendieron por una escalera rota que se vino abajo en pocas semanas, el reflejo más común ha sido el de volver la vista atrás y proponer, ahora sí, un Estado proveedor de servicios para toda la población pobre y vulnerable.
Y es justamente esta tentación estatista la que quiero cuestionar en esta columna: las políticas públicas cambiaron drásticamente durante la covid y estamos ante un nuevo ADN público-privado de la política social.
El programa Ingreso Solidario diseñó un proceso de focalización que involucró al DNP con la construcción de una base maestra y, en la última milla, se apalancó en 10 empresas de telecomunicaciones que contribuyeron a lanzar mensajes de texto para lograr el enrolamiento remoto de la población. En cuanto a los canales de transferencias monetarias, el programa logró en pocas semanas armar una plataforma de pagos con 22 entidades financieras, al tiempo que le dio acceso a un producto financiero por primera vez a más de un millón de hogares a través de Davivienda, Bancolombia, Bancamía, Movii, Banco Agrario y Banco Caja Social.
Dos semanas después de decretados los confinamientos, la Secretaría de Educación del Distrito logró que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasara, entre abril de 2020 y julio de 2021, de ser un subsidio en especie a un bono alimentario canjeable en 600 puntos de los almacenes o supermercados Éxito, Surtimax, Surtimayorista, Zapatoca, Líder, Jumbo, Metro, Tiendas D1, Justo & Bueno, Olímpica y Makro, todos distribuidos en las 20 localidades de la ciudad.
Este año Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América Latina en emitir bonos sociales de deuda pública con una colocación, a través de la Bolsa de Valores de Colombia, de $162 mil millones con destinación específica para 20 mil nuevos cupos de educación superior para jóvenes vulnerables.
Todos estos ejemplos tienen en común nuevas formas de alineación entre el sector público y el sector privado en función de la lucha contra la pobreza. Elementos como la focalización, la apertura de nuevos canales de transferencias, la transformación de cadenas de valor y las nuevas formas de financiación de la política social están cambiando muy rápido a través de la simbiosis entre el Estado y el mercado.
Los mercados pueden contribuir a aumentar el conocimiento y las habilidades que exige la renovación de la política social del futuro. Observar con cuidado los cambios que estamos experimentando sin duda podría inspirar soluciones de política social más innovadoras y potentes que un obsoleto y ombliguista llamado al estatismo.
ROBERTO ANGULO
Socio Fundador de Inclusión SAS
rangulo@inclusionsas.com
