El IMPE puede ser visto como un indicador complementario a las medidas oficiales de pobreza, como un instrumento de articulación de actores.
En un lúcido artículo publicado en 2009 y que lleva el título sugestivo de “La economía como una ciencia moral”, Sir Anthony Atkinson da rienda suelta a su obsesión por examinar las consecuencias económicas de diferentes posiciones éticas y juicios de valor.
Ya lo había hecho antes, cuando diseñó su famoso índice de desigualdad, hoy conocido como índice de Atkinson, con el cual propuso una medición de desigualdad del ingreso que incorpora de manera explícita un juicio de valor a través de un parámetro de ‘aversión a la desigualdad’ que toma el valor de cero cuando se priorizan los individuos de bajos ingresos y de uno cuando se priorizan los individuos de ingresos más altos.
En el artículo de 2009, Atkinson concluye que no podemos hablar de consecuencias únicas de una política sobre el bienestar, pues las conclusiones pueden ser distintas cuando se aplican diferentes teorías de justicia distributiva.
La segunda conclusión es que la revisión de los fundamentos del bienestar pueden ayudar a ‘pensar constructivamente’ en los temas cruciales de hoy. Y esa revisión no es otra cosa que la incorporación explícita de nuevos criterios de evaluación que se desprendan de una lectura de las preferencias sociales.
La semana pasada Promigas lanzó el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), en cuyo diseño participó el equipo de Inclusión SAS. El IMPE explora una noción de pobreza energética definida como la acumulación crítica de carencias de los hogares en las realizaciones humanas que habilita la energía.
La medición se enfoca en 15 carencias distribuidas en cuatro dimensiones: acceso y calidad; vivienda funcional y liberadora de tiempo; aprender y comunicarse y vivir en un territorio equipado para el bienestar. Según el IMPE, en 2022 la pobreza energética en Colombia fue de 18,5% de la población (9,6 millones de personas) mostrando grandes brechas poblacionales y geográficas.
El IMPE puede ser visto como un indicador complementario a las medidas oficiales de pobreza, como un instrumento de articulación de actores públicos y privados, pero también, en el sentido de Tony Atkinson, como un criterio para planear y evaluar la transición energética de Colombia.
Se trata también de un llamado a la acción: si coincidimos en que la pobreza energética es socialmente inadmisible y al tiempo una barrera para nuestro desarrollo, entonces una ‘transición energética justa’ debería considerar su erradicación como uno de sus objetivos principales.
Roberto Angulo
Socio Fundador de Inclusión SAS
Rangulo@inclusionsas.com
