El Presidente asumió las funciones de las comisión de energía y gas (Creg) y de agua y saneamiento básico (CRA).
“Hemos decretado que se establezca un máximo para que cuando aparezca la violencia de los precios altos en cualquier lugar, la avaricia pueda ser controlada por los límites de nuestro estatuto. Para garantizar una aplicación adecuada, cualquier persona que viole este estatuto estará sujeta a una pena capital. Instamos a la lealtad de todo lo que una ley constituida para el bien público puede observarse con obediencia y cuidado“.
El texto es un fragmento del edicto del emperador romano Diocleciano en el año 301.
Supe de la existencia de este edicto en una clase de economía política del profesor Homero Cuevas en la Nacional: se paró en la mitad del salón y con un gesto ceremonioso empezó a leer, con tono solemne y aguantando la risa, el fallido edicto de los precios máximos que pretendía encontrar, de un plumazo, el tan anhelado precio justo de las cosas.
Y decía Homero, ya entrando en materia, que el edicto de Diocleciano, que entre otras cosas conllevó a una crisis que terminó en su abdicación, reunía cuatro problemas de la teoría del bienestar: la complejidad de buscar la situación de bienestar más deseable para la sociedad en su conjunto, la necesidad de resolver las fallas de mercado, el problema de la justicia económica y la idoneidad del político para solucionar todos los anteriores al mismo tiempo.
La semana pasada el Presidente firmó el decreto a través del cual asumió las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El argumento no es otro que el de emprender, “directa y personalmente”, la búsqueda del precio justo de estos servicios públicos. Si bien el presidente tiene la facultad constitucional para firmar este decreto, pienso que la estrategia tiene una falla conceptual y un mensaje grave de fondo.
Veamos lo primero, si se quiere buscar una trayectoria de equidad en el pago de servicios públicos que al tiempo sea sostenible, se debería avanzar en la búsqueda de la eficiencia a través de la tarifa y en la búsqueda de la equidad a partir del esquema de subsidios y contribuciones.
La estrategia del presidente es conceptualmente inconsistente porque, justificado en el objetivo de buscar pagos justos, se lanza a sustituir las comisiones que son las encargadas de buscar la eficiencia, pero dice muy poco de los subsidios y contribuciones que están determinados por el estrato socioeconómico, uno de los peores instrumentos de focalización del gasto social de Colombia.
El resultado puede ser el peor de los mundos: ineficiencia, es decir recortes y mala calidad, con pagos altamente regresivos.
El mensaje grave de fondo que envía el presidente es el de revelar la creencia de que una mente es preferible a muchas, el de reemplazar las señales económicas y las decisiones colegiadas por edictos presidenciales.
La solución, como es usual, está en un punto medio entre Dios (o el emperador) y el mercado, es decir en las instituciones.
ROBERTO ANGULO
Rangulo@inclusionsas.com
Socio Fundador de Inclusión SAS
