¿Los paladines del mercado que atacan al sector público por ser intrínsecamente ineficiente y proclaman al privado como única alternativa?
Voltaire decía que el prejuicio, aquella opinión prematura o juicio previo (por lo general amargo y desfavorable) de algo que se conoce a medias, es “la razón de los tontos”.
Vemos a diario la imagen del gobierno y algunos de sus más feroces contradictores sacando sus prejuicios como quien desenfunda una espada de dos manos y se lanza a decapitar al rival. De hecho, y para no ir más lejos, uno de los duelos más sonados en los últimos días es el de un gobierno que empuña la espada del estatismo en la provisión de los servicios públicos y sociales, contra los paladines del mercado que afirman exactamente lo contrario.
Y es justamente la “razón de los tontos” la que ha moldeado debates como el de la reforma al sistema de salud y el que se dio en torno a la decisión de Prosperidad Social de volver al monopolio estatal del Banco Agrario para operar las transferencias monetarias en todo el territorio nacional.
Pero ¿quién tiene la razón? ¿El gobierno que ha demostrado estar dispuesto a morir con las botas puestas defendiendo el estatismo? ¿Los paladines del mercado que atacan al sector público por ser intrínsecamente ineficiente y proclaman al privado como única alternativa?
La respuesta es que ninguno tiene la razón, ni el sector público es virtuoso por definición, ni los privados pueden en todos los casos asumir en solitario la gesta de la prestación de servicios sociales y salir victoriosos.
Julian Le Grand, en sus libros Cuasimercados y política social y La otra mano invisible, propone un marco de análisis que nos puede aportar una sana dosis de escepticismo.
Según el economista británico, una estrategia de cuasimercado, es decir de competencia regulada que involucra operadores privados, se justifica por encima del monopolio estatal si es capaz de mejorar simultáneamente cuatro atributos:
1. Eficiencia: permite reducir costos garantizando niveles de calidad.
2 .Sensibilidad: la oferta disponible de servicios sociales se adapta mejor al contexto y a las necesidades de los beneficiarios.
3. Elección: que los beneficiarios puedan aumentar la libertad de elegir el operador de sus servicios sociales.
4. Equidad: que la solución competitiva permita mejorar la progresividad en la asignación del beneficio de la política social.
El cumplimiento de estos atributos dependerá, entre otros factores, de la robustez del mercado de proveedores de servicios sociales. Tanto en el sistema de salud como en las transferencias monetarias, el mercado de operadores suele ser más robusto en las zonas de alto grado de urbanización y más débil en las zonas rurales lejanas al sistema de ciudades. Es decir, si la política social tiene vocación de universalización, necesitamos inexorablemente actores públicos y privados.
Un debate serio de política social pasa por enfundar la espada de los prejuicios, abandonar la razón de los tontos y analizar con cuidado cada caso a la luz de estos criterios. Será menos épico, pero sin duda más provechoso.
ROBERTO ANGULO
Socio fundador de Inclusión SAS
Rangulo@icnlusionsas.com
