El nivel de pobreza de Colombia, incluyendo el de la pobreza energética, exige elevar sustancialmente el consumo de energía de la población.
Esta semana Fedesarrollo publicó el artículo Transición energética en Colombia, escrito por Juan Benavides, Sergio Cabrales y Martha Delgado. El documento llega como un antídoto de pragmatismo al debate público sobre transición energética que, como dice Vaclav Smil, “a menudo está mal informado y es engañoso, casi siempre ahistórico y abrumadoramente irreal”.
El documento de Benavides y sus colegas, además de aportarle al campo de la energía, es trascendental para la estrategia de lucha contra la pobreza en Colombia. Quiero destacar la relación entre transición energética y pobreza en cada idea fuerza del artículo.
El primer mensaje es que el nivel de pobreza de Colombia, incluyendo el de la pobreza energética, exige elevar sustancialmente el consumo de energía de la población, rasgo que, sumado a otros como el hecho de no contribuir de manera sustancial al acervo de gases de efecto invernadero, no originar la mayoría de sus emisiones en el consumo y en la producción (sino en el sector agroforestal) y ser deficitario en energía firme para generación eléctrica, requieren que la transición energética de Colombia no sea una simple copia de la de un país industrializado.
El segundo mensaje es que forzar la velocidad de la transición energética, induciendo a la adopción de tecnologías que aún no cumplen condiciones de rentabilidad y riesgo y desmontando activos que no se han depreciado, podría tener un costo en reducción del PIB de entre 0,23% y 0,27% por año entre 2023 y 2030. El artículo no lo dice, pero este costo se pagaría también en puntos de pobreza, pues en Colombia 7 de cada 10 personas que salieron de esta situación en la última década lo hicieron por efecto crecimiento.
El tercer mensaje es que la adopción de una velocidad de transición razonable producto de adoptar tecnologías nuevas cuando los costos y riesgos sean inferiores a los existentes, habilitaría un crecimiento del PIB percápita que nos llevaría en 2050 al nivel actual de Chile y a la reducción de emisiones en la forma de U invertida, llegando a 122 millones de toneladas de emisiones en 2030, para luego caer a 102 millones en 2050. La U invertida del escenario razonable es consistente con la determinación de reducir la pobreza energética como condición necesaria de la transición.
El cuarto mensaje señala la relevancia del gas natural para la transición energética razonable al ser el combustible fósil con menores emisiones de gases de efecto invernadero, porque cuenta con potencial uso en flotas de transporte urbano, en pymes, en productos petroquímicos como la úrea y porque puede ser una solución costo efectiva para los pobres y vulnerables.
Y por último, si la transición energética, además de perseguir una matriz más limpia, busca promover el crecimiento y la equidad, debería tener un enfoque de portafolio diversificado, que para una estrategia de pobreza se traduce en la posibilidad de contar con un vector equitativo de precios de energía que habilite el cambio social.
Roberto Angulo
Socio Fundador de Inclusión SAS.
rangulo@inclusionsas.com
