Su cumplimiento dependerá de una política social muy robusta, del crecimiento del PIB y de la espada de Damocles de la inflación.
‘Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social’ fue el título que el gobierno le dio al proyecto de ley que radicó en la mañana de su primer día de trabajo. “Erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, disminuir los tratamientos tributarios que por décadas han privilegiado a una minoría y la necesidad de mantener la estabilidad fiscal motivan en esencia este Proyecto de Ley”, dice la exposición de motivos.
Los ejes de la reforma, que fueron explicados por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, configuran una narrativa hábilmente construida sobre las ideas fuerza de la campaña del Petro: reducción de beneficios tributarios para los más ricos, sobretasa para el sector financiero, más cargas para el sector extractivo, impuestos saludables y ambientales y medidas contra la evasión y la elusión.
La reforma le apunta a recaudar $25 billones adicionales en 2023, lo que equivale a 1,72% del PIB, y llegar a $50 billones en 2026.
La promesa social de la reforma se resume en una reducción de 4 puntos porcentuales de pobreza extrema, 3,9 p.p de pobreza y en duplicar el efecto de los impuestos y las transferencias sobre el coeficiente de Gini, llevándolo de 0,543 a 0,491.
¿De dónde salen estos efectos si el proyecto no dice en qué se va a gastar el recaudo? Aunque el Ministro de Hacienda fue claro en decir que las disposiciones sobre gasto social no son tema de este proyecto sino de la ley de presupuesto, la lectura detallada de los supuestos usados en el cálculo de los efectos permite dimensionar el realismo de la promesa. En la exposición de motivos el gobierno asume que: 1) la mitad del recaudo adicional se utilizará en transferencias a hogares y la otra mitad en inversión pública. 2) el canal redistributivo será una transferencia monetaria plana, adicional a las que se tienen hoy, para todos los hogares pobres según Sisbén (24,1 millones de personas).
Si bien la exposición de motivos aclara que los efectos prometidos en pobreza y desigualdad son estimaciones con fines ilustrativos, sus supuestos son elocuentes de lo extremadamente optimista que está siendo el gobierno con la magnitud de su promesa, pues para cumplirla tendría que aumentar en $12,5 billones el presupuesto anual de transferencias monetarias de hoy, asegurar cobertura y focalización óptima vía Sisbén para todos los hogares pobres de Colombia y garantizar que los programas diseñados consigan un efecto directo, sin pérdidas por ineficiencia, sobre el ingreso monetario de los hogares (inclinando con esto la balanza a transferencias monetarias por encima de bonos o subsidios en especie).
Cuidado, la reforma tributaria es solo un paso para superar la restricción presupuestal de la promesa de cambio social del gobierno, pero su cumplimiento dependerá de una política social muy robusta, del crecimiento del PIB y de la espada de Damocles de la inflación.
Roberto Angulo
Socio Fundador de Inclusión SAS
rangulo@inclusionsas.com
