No existe una época en la que más se hable de las transferencias para la reducción de la pobreza que la de campaña presidencial. Esta moda, que no es exclusiva de Colombia, sería provechosa de no ser porque los políticos en campaña por lo general ponen a rodar una falsa dicotomía para después echarse un discurso abrazando alguna de las partes.
Una de estas dicotomías es la que se da entre los políticos que usan el paternalismo como caballo de Troya para imponer su visión personal de lo bueno para la sociedad y los que, en defensa de la libertad, lo rechazan categóricamente sin reparar en los matices.
¿Cómo identificar y valorar una intervención paternalista? Julian Le Grand y Bill New proponen una definición en su libro Paternalismo de gobierno, según la cual una intervención del gobierno es paternalista si cumple con dos condiciones:
1) Que el gobierno interfiera en la libertad y autonomía del individuo. Lo cual puede hacer en distinto grado; con coerción: el gobierno subsidia y obliga la planificación familiar; o sin coerción: el gobierno subsidia la educación superior para la población pobre haciéndola factible entre su conjunto de opciones.
2) Que el gobierno elija o ayude a elegir qué es lo bueno para el individuo. La dirección de una transferencia involucra, en mayor o menor medida, la intención del gobierno de sustituir o al menos de influir en el juicio individual sobre aquello que considera como lo bueno para la persona.
Es posible que todas las transferencias para la reducción de la pobreza sean paternalistas en algún sentido, pero lo cierto es que lo pueden ser en distinto grado según su diseño, implementación y resultados.
Mi posición, desde una perspectiva liberal, es que una estrategia gubernamental de reducción de la pobreza debería evitar la interferencia en la autonomía del individuo
Una transferencia puede operar en el ámbito de los medios que la persona en situación de pobreza requiere para alcanzar los fines que ella misma persigue según su proyecto de vida; como por ejemplo una transferencia monetaria o una póliza de aseguramiento en salud. Pero también podría querer ir hasta la interferencia en el ámbito de los fines, como se daría en el caso en el que se exige que la transferencia solo permita el consumo de un conjunto restringido de bienes que el gobierno considera virtuoso para la sociedad o cuando se prohíbe que sea utilizada para el consumo de aquellos que considera nocivos o indecorosos.
Lejos estoy de querer promocionar una postura categórica en contra o a favor del paternalismo en la reducción de la pobreza, el lector se formará su opinión conforme a su posición ideológica.
Mi posición, desde una perspectiva liberal, es que una estrategia gubernamental de reducción de la pobreza debería evitar la interferencia en la autonomía del individuo, y que solo debería ser admisible el paternalismo en los medios siempre y cuando contribuya efectivamente a ampliar el conjunto de oportunidades para que todos podamos escoger lo que queremos ser y hacer con nuestra vida.
ROBERTO ÁNGULO
Socio fundador de Inclusión SAS
rangulo@inclusionsas.com
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