La propuesta de ingreso mínimo del proyecto de ley del gobierno es un buen marco para hacerle frente a la actual escalada de la pobreza registrada en Colombia.
La implementación de esta estrategia en el primer año completo y en condiciones de implementación óptima implicaría, según el Ministerio de Hacienda, una reducción de 4,2 puntos porcentuales en pobreza, lo que equivaldría a recuperar más del 60% del retroceso infligido por la pandemia.
Lo primero que hay que decir es que el gobierno eligió la transferencia con la que quiere jugar.
El ingreso mínimo tiene dos características esenciales: es focalizado en la población pobre y su monto varía según el tamaño del hogar y la intensidad de la pobreza.
Otro aspecto para destacar de la propuesta del Gobierno es que el ingreso mínimo se armaría como la articulación de tres fichas que conservarían su esencia cada una por separado: ingreso solidario, otras transferencias (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor) y los subsidios de energía y gas.
La propuesta también acierta en no contabilizar la compensación del IVA en el ingreso mínimo, devolviéndole a este mecanismo la función que ya empezaba a perder en las confusiones del debate público: corregir la regresividad del IVA en la totalidad de la población pobre.
Ahora bien, no basta con que el ingreso mínimo se vuelva ley, para que sea efectivo, pues se necesita del avance rápido y decidido del gobierno en la agenda de modernización de la focalización de su política social. Identifico tres desafíos:
Primero, ajustar la focalización a la imagen de la pobreza poscovid.
Si bien el Sisbén IV constituye un avance considerable con respecto a su versión anterior, lo cierto es que el barrido nacional se cerró antes del inicio del Covid y por tanto no hay otra salida que actualizarlo este año.
Segundo, asegurar el ingreso mínimo en los municipios de alta ruralidad o de difícil acceso donde la cobertura del Sisbén no sea suficiente.
Aquí lanzo una propuesta heterodoxa: implementar una “focalización inversa” para ingreso solidario en los municipios PDET; es decir que todos los hogares reciban la transferencia excepto aquellos que según información de registro administrativo sean identificados como “no pobres”.
Tercero, dar por fin el paso de eliminar el estrato socioeconómico como instrumento de focalización de los subsidios de energía y gas y sustituirlo por una alternativa que combine focalización geográfica con Sisbén IV.
Si el gobierno quiere ir tras esos 4 puntos de pobreza antes del 2022, tiene que mover las placas tectónicas de la focalización tal como la conocemos hoy.
Roberto Angulo
Socio Fundador de Inclusión SAS
rangulo@inclusionsas.com
